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 ACCIÓN DE TUTELA 

La acción de tutela es el mecanismo de protección de los derechos fundamentales. La constitución de 1991 la establece en los siguientes términos:
"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
"La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacer. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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INCIDENTE DE DESACATO
El incidente de desacato es un instrumento Jurídico con el que cuentan las personas a quienes se les ha protegido un Derecho fundamental por vía de tutela y su fin es presionar el cumplimiento inmediato de la orden impartida por el Juez, con la amenaza de una sanción jurídica a los funcionarios o particulares accionados que hayan vulnerado o se encuentren en curso de una vulneración de derechos constitucionales fundamentales, y que ante una orden de protección plasmada en una Sentencia de Tutela, se muestran renuentes al cumplimiento de dicha orden, que por demás es perentoria y de obligatorio cumplimiento. Esta sanción se encuentra prevista en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991.
Descargar Formato: Incidente de Desacato

 

DERECHO DE PETICIÓN
El derecho de petición es un derecho que la Constitución nacional en su artículo 23 ha concedido a los ciudadanos para que estos puedan presentar peticiones a las autoridades, para que se les suministre información sobre situaciones de interés general y/o particular.
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RECLAMO DERECHO AL CONSUMIDOR
Consiste en la asesoría, estudio e intervención directa, bien mediante el seguimiento a reclamaciones, en casos relacionados con las acciones administrativas para la defensa de los derechos del consumidor.
El servicio se presta a los consumidores en caso de reclamaciones por compra de artículos o la prestación de servicios públicos de todo orden, cuando no satisface los requerimientos del bien o servicio.
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ACCIÓN POPULAR
Las acciones populares son el mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos y difusos (los relacionados con ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, seguridad y salubridad pública, servicios públicos, consumidores y usuarios, libre competencia económica, etc.). Están previstas en el primer inciso del artículo 88 de la Constitución Política de 1991. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. La Ley 472 de 1998 desarrolló el artículo 88 de la Constitución Política, tanto en lo relativo a las acciones populares, que estamos examinando en este aparte, como a las acciones de grupo o de clase que examinaremos después. En los párrafos siguientes cuando se mencione un artículo, corresponderá a dicha ley.
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ACCIÓN DE NULIDAD
La acción de nulidad constituye el más antiguo e importante mecanismo contencioso de nulidad de carácter general y objetivo, que el legislador haya regulado, donde se busca principalmente la protección integral del orden constitucional del Estado y de la legalidad en toda su extensión. Se encuentre desarrollada en el art. 84 CCA, en palabras del profesor Santofimio Gamboa “es una acción de naturaleza objetiva, pública, popular, intemporal, general e indesistible a través de la cual cualquier persona podrá solicitar directamente o por medio de su representante, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que un acto administrativo, inclusive no publicitado, incurso en alguna de las causales establecidas en la ley pierda su fuerza ejecutoria pro declaración judicial de nulidad en beneficio del ordenamiento jurídico y la legalidad” . Cuando hace referencia a que el acto no necesariamente debe ser publicitado, solamente se requiere que el acto administrativo haya sido expedido, sin que sea necesario la constancia de su publicación o de su ejecución, o como lo sostiene el consejo de estado “…es sano que los ciudadanos puedan acudir a los órganos jurisdiccionales tan pronto el acto sea expedido, pues ello permite acercarse a la posibilidad ideal de que, en caso de resultar manifiestamente ilegal, sus efectos puedan ser suspendidos antes de que comience a ser aplicado y así disminuir los perjuicios.
Descargar Formato: Accion de Nulidad

 

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Esta acción, también denominada acción de inexequibilidad, puede ser definida como la facultad que tienen todos los ciudadanos colombianos de impugnar ante la Corte Constitucional, por ser violatorios de la norma fundamental, los siguientes actos que contempla el artículo 241 de la Carta Política:

  • Actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen sólo por vicios de procedimiento en su formación (numeral 1).
  • Leyes, tanto por su contenido material, como por vicios de procedimiento en su formación (numeral 4).
  • Decretos con fuerza de ley dictados con fundamento en los artículos 150 numeral 10, ósea decreto leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias (numeral 5)
  • Decretos con fuerza de ley expedidos con fundamento en el artículo 341 de la Constitución, se refiere a los Decretos Planes.

También hay que incluir aquí los decretos expedidos por el gobierno con fundamento en las facultades extraordinarias que le otorgó la Constitución en sus artículos transitorios, el artículo 10 transitorio dispone: "los decretos que expida el Gobierno en ejercicio de las facultades otorgadas en los anteriores artículos tendrán fuerza de ley y su control de constitucionalidad corresponderá a la Corte Constitucional.

Estas son las características más importantes de esta acción:

  • Es pública, puede incoarse por cualquier ciudadano y en defensa del interés público.
  • Requiere solicitud ciudadana, la Corte no realiza el control a través de esta acción oficiosamente.
    Dicha acción puede intentarse en cualquier tiempo, salvo que se trate de vicios de forma para lo cual existe un término de caducidad de un año contado a partir de la publicación del acto.

Descargue Formato:Demanda Accion de Inconstitucionalidad

 

DEMANDA DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
La acción de cumplimiento es un mecanismo judicial de protección y aplicación de los derechos por medio del cual toda persona puede hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo.


¿En qué casos procede la acción de cumplimiento?
De acuerdo con la Ley 393 de 1997 la acción de cumplimiento procede cuando las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, por acción u omisión, incumplen normas con fuerza de Ley o actos administrativos o cuando ejecuten actos o hechos de los que se deduzcan su inminente incumplimiento.

¿Quiénes pueden ejercer la acción de cumplimiento?
La acción de cumplimiento puede ejercerla cualquier persona, natural o jurídica. También podrán ejercitar la acción: - Los servidores públicos, especialmente: el Procurador General de la Nación, los procuradores delegados, regionales y provinciales; el Defensor del Pueblo y sus delegados; el Contralor General de la República, los contralores departamentales y municipales y los personeros municipales, - Las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales.

¿En qué tiempo debe ejercer la acción de cumplimiento?
La acción de cumplimiento, por regla general, podrá ejercitarse en cualquier tiempo y la sentencia que ponga fin al trámite de la acción hará tránsito a cosa juzgada, cuando el deber omitido fuere de aquellos en los cuales la facultad de la autoridad renuente se agota con la ejecución del primer acto.

En los casos en los que el deber omitido fuere de aquellos cuyo cumplimiento pueda demandarse simultáneamente ante varias autoridades o en diferentes oportunidades en el tiempo, la acción podrá volver a intentarse sin limitación alguna. Sin embargo será improcedente por los mismos hechos que ya hubieren sido decididos y en el ámbito de competencia de la misma autoridad.
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